No soy un admirador de la política de oposición que lleva el PP, ni, por ende, de su líder, pero casi siempre me gustan sus discursos en las Cortes, que no son  embarullados y repetitivos como los de Rodríguez Zapatero. Su discurso del jueves nueve de Diciembre me ha parecido especialmente interesante, tanto por su planteamiento exigente con todas las partes a quien se debe imputar el caos creado en los aeropuertos durante el puente de la Constitución, como por su construcción oratoria, incluyendo la sorpresa a la hora de advertir que "el Ministro de Fomento es un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades",  siendo de ver la cara de José Blanco, antes de escuchar a Rajoy la aclaración de que a él no le iba a dedicar esas ofensas que Rubalcaba hace años había escupido, por un problema menor de retrasos aeroportuarios, al entonces ministro de Fomento Sr. Arias Salgado.

               Rajoy ha dejado bien claro que no se puede tolerar a unos trabajadores de un servicio público - y menos tan importante como el de transporte aéreo - colapsarlo y dejar abandonado el control del tráfico haciéndolo imposible con daño enorme para los usuarios. Pero, no porque haya unos culpables claros de una situación intolerable, ni porque el Gobierno la haya solucionado, in extremis y de momento, aprobando medidas que está por ver si son o no legales, se puede olvidar que la reiterada conducta de ese mismo Gobierno, durante casi un año, constituye una grave negligencia, una pésima gestión contribuyente -aunque no la disculpe- a la ilegal decisión de los controladores.

              Frente a la clara posición de Rajoy, como suele suceder en todo cuanto el socialismo español toca y tocó en el pasado, se ha alzado la de ZP, siempre trufada de verdades a medias, insinuaciones torticeras y mala conciencia, negándose a admitir la responsabilidad del Gobierno al echar leña al fuego con un Decreto Ley de última hora, cuando ya en Santiago de Compostela se había empezado a manifestar la amenaza de los controladores y la ministra Chacón ponía en guardia al Ejército. Si tal amenaza sirvió, como parece, para aprobar un Decreto-Ley de interpretación sobre horas de trabajo y con la finalidad de que el mal no se extendiera a otros aeropuertos, es indudable que mejor que arrojar una cerilla sobre la gasolina del chantaje habría sido volver a la negociación y, según el caso, dejar pasar este tiempo de congestión en los cielos - como era el Puente y será la Navidad - para tomar las medidas drásticas, cuando el Gobierno dispusiera de repuesto adecuado para los que por su cuenta abandonaran el trabajo o tuvieran que ser despedidos.

              En el colmo de esa política de embuste que, pese a que Rubalcaba se lo endosaba al PP con aquello de "España merece un Gobierno que no le mienta" cuando bien sabia que el PP no mentía, sino que estaba en la inopia de lo que realmente sucedió esa trágica mañana en Atocha, el portavoz socialista Sr. Alonso subió el jueves a la tribuna para acusar a Rajoy de haber insultado al ministro de Fomento Blanco, como si no se hubiera enterado de que Rajoy hacia una cita de Rubalcaba dirigiéndose a Arias Salgado. Pero es más el tal Alonso no tuvo empacho en decir que el Gobierno había resuelto el problema de los miles de afectados en 24 horas, cuando es sabido que, incluso el día de la Inmaculada, había gente en los aeropuertos, pendientes de que alguien diera una solución a su frustrado viaje.

                En fin, ahora lo importante es que los controladores  y los maquinistas de trenes y de Metro y los chóferes de líneas regulares de transporte terrestre y los camioneros sin cuyo servicio puede quedar desabastecido un país, y todos aquellos cuyo servicio público es claro y notorio tomen buena nota de que el chantaje como el de aquel vociferante del Metro de Madrid, durante la última huelga, que aseguraba" Vamos a parar Madrid" o cosas por el estilo, o el paro salvaje no son de recibo en un Estado democrático, como tampoco lo es que un Gobierno tome la Justicia por su mano o adopte medidas no asistidas por la Constitución y las leyes. Frente a la opinión de los controladores sobre el cómputo de sus horas recogido en un Decreto-Ley - aunque fuera de última hora-, no había otro camino que la impugnación judicial; lo mismo que frente al estado de alarma, si se considera que ha sido tomado fuera de las previsiones legales, no cabe otra cosa que el rechazo parlamentario o el recurso judicial. El Parlamento ya se ha pronunciado y, aunque con reticencias sobre la legalidad, dándolo por bueno. Queda la vía judicial, aunque mucho me temo que la judicialización de nuestra convivencia es tal que, ni aumentando los Juzgados en un cien por cien, quepa resolver en esa sede tantas reclamaciones y recursos como surgen a diario.